La demanda de Prasa contra Azaveco, desestimada

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 entiende que la reclamación de 6 millones de euros no ha lugar porque la mercantil de Carlos González mantuvo en funcionamiento al Córdoba CF SAD, que era el objetivo real de la cláusula penal del contrato en torno a asumir su deuda motivo de la causa

José Romero, cabeza visible de Prasa. Foto: elmundo.es

José Romero, cabeza visible de Prasa. Foto: elmundo.es

Francisco Ramón Quintana Ferreira, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba, ha desestimado la demanda de Prasa contra Azaveco SL (Carlos González) por incumplimiento de una de las cláusulas de su contrato de compraventa de junio de 2011, por el que se traspasó el 98,7 % de las acciones del Córdoba CF SAD. La constructura reclamaba 6 millones de euros como indemnización que según el fallo, recogido por Cordópolis y al que ha tenido acceso Cordobadeporte, no ha lugar.

La denuncia, conocida el pasado mes de diciembre, llevó a la suspensión cautelar de los derechos de Azaveco sobre las acciones, con un embargo preventivo de varias fincas. Prasa defendía que la compraventa de acciones se hizo bajo la premisa básica de que Azaveco “asumiera la innegociable obligación de saldar a sus expensas la deuda” del Córdoba, tanto que de no ser así no se habría accedido a esa transmisión y se habría pedido un precio mucho más alto que el cerrado (1.250.000 a plazos más 3 millones de euros posteriores por el ascenso a Primera).

El fallo recoge que desde la óptica de Prasa “la voluntad perseguida por las partes no era otro que la de sanear las cuentas de la compañía y salvar al CCF en el año 2011 de una más que posible extinción por liquidación“. Reitera que “si decidió ceder su condición de accionista mayoritario en el CCF, fundamentalmente y sobre todo, fue porque la entidad compradora, además del pago de un precio, adquirió la firme y esencial voluntad de realizar, tan pronto como adquiriera las acciones, cuantos actos fueran necesarios para superar la situación de insolvencia”.

Los argumentos de González

Muy distinta era la visión de Azaveco, expuesta en su respuesta a la demanda. Defendió que la cláusula misma, contenida en el apartado 1º de la letra B del pacto segundo, y la interpretación literal de Prasa resultaba “abusiva, improcedente y contraria al más elemental principio de la buena fe contractual que ha de regir la formalización de cualquier contrato y el equilibrio de las contraprestaciones de las partes”. Tanto que a su juicio sería nula de pleno derecho al contener una obligación de imposible cumplimiento.

El argumento de la mercantil de Carlos González es que era “imposible” que pudiera comprometerse “y menos aún, de forma ilimitada e intemporal”, a “asumir el pago a su costa de las deudas sociales generadas por otra sociedad, el CCF SAD, que no intervino en esa relación jurídica ni tampoco los acreedores de la misma, cuyo conocimiento y consentimiento es requisito esencial de la institución de la asunción de deudas”. Así que su defensa era que “la obligación que asumió se limitaba a la responsabilidad que se pudiera derivar hacia los administradores anteriores”, de Prasa, “por cualquier tipo de reclamación que se pudiera generar”.

Además, hacía referencia a la reclamación de 8,1 millones el pasado año de Francisco Estepa, administrador judicial y concursal entonces, que desde su óptica no tenía valor por una certificación de 2016 de Daniel Pastor, administrador concursal del Concurso de Acreedores de 2011-2012, que se presuponía que dejaba todo en regla. Incluso recordaba que al vender las acciones a Aglomerados tuvo que informar a Prasa por su derecho de tanteo, que renunció ejercer, y en ese momento no hizo referencia alguna al incumplimiento.

La visión del juez

Para el magistrado, el caso se basaba “en determinar si la cláusula es válida”, y en su caso, “cuál es el sentido y alcance de la misma; y en relación al mismo si se ha incumplido para que despliegue efectos; y, finalmente, si esos efectos se han de ver atenuados o moderados judicialmente”. En un farragoso análisis, entiende que el argumento de que sea abusiva que esgrimía Azaveco no es real, pero también que la cláusula en sí tenía un sentido más amplio.

El contrato en sí decía lo siguiente:

“En relacion con el cumplimiento de las obligaciones que asume el INVERSOR “ECCO DOCUMÁTICA, S.A., en la letra B del presente Pacto, se acuerda por las partes que: En garantía del cumplimiento de dichas obligaciones anteriores se establece la cláusula penal, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la anterior letra B del presente Pacto, consistente en el pago por parte del INVERSOR al VENDEDOR de la cantidad de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €)”.

Para el juez la función de esta cláusula “no era otra sino estimular, al que se llama INVERSOR, el cumplimiento de las obligaciones de la letra B”, y que “a diferencia de la interpretación reduccionista que hace la parte actora sobre el sentido y alcance de la cláusula”, la voluntad de las partes no circunscribió a que Azaveco solventara la situación de endeudamiento”, sino a lo que llama “un fin más elevado” y que se puede resumir en que el Córdoba CF siguiera existiendo pese a su deuda y mantuviera sus señas de identidad y arraigo con Córdoba.

Quintana Ferreira, que llega a detallar todas esas obligaciones que Prasa impuso, considera que lo que Azaveco debía hacer y cumplió era “mantener el patrimonio deportivo y social que para esta ciudad representa su equipo de fútbol, lo que es un hecho notorio si se lee diariamente la prensa digital local”, algo que ahora significa que “el incumplimiento que se imputa a la parte demandada referido a que no abonó las deudas existentes no existe”. Ello bien “porque lo que sancionaba la cláusula penal no era ese incumplimiento, sino la no pervivencia de la compañía”, o porque, según refiere el juez, otro argumento que pudiera existir como los últimos pagos del Concurso de Acreedores de 2011 acabaron con la venta de la unidad productiva y la entrada de Infinity, ello por motivos ajenos a Azaveco.

Cabe recurso

Por todo ello, el magistrado desestima la demanda y absuelve a Azaveco “de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello, con la expresa condena de la parte actora al pago de las costas causadas”, aunque la resolución aún no es firme porque cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.

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