El cierre entre la incerteza de la administración judicial del Córdoba CF SAD

Este 10 de septiembre, por auto del ya ausente juez Rodríguez Moyano, se cierra una etapa de 10 meses histórica para la entidad blanquiverde por la controvertida venta de su unidad productiva, con la plena sensación de que quedan los principales capítulos por escribir

Estepa y Bernabéu, denunciados en Instrucción 7

Estepa y Bernabéu, denunciados en Instrucción 7

Este 10 de septiembre es otra fecha importante que apuntar para la historia del Córdoba CF SAD, denominación del Córdoba CF de 1954 desde el año 2000 por obligación legal y que sigue completamente viva en tanto en cuanto no se solicite una liquidación ni, sobre todo, sea firme el auto que permitió, el pasado 5 de diciembre, la venta de su unidad productiva al fondo de Baréin Infinity Capital a través de Unión Futbolística Cordobesa. Hoy, 10 de septiembre, acaba la administración judicial del Córdoba CF SAD tras diez meses que no se olvidarán fácilmente.

Fue el 9 de noviembre de 2019 cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Antonio Rodríguez Moyano, decidió la destitución del consejo de administración de Jesús León, que había sido detenido y puesto en libertad sin fianza en los días previos, y el nombramiento como administradores judiciales del abogado Francisco Estepa, que había realizado una función similar en el Betis años antes, y del auditor de cuentas Francisco Javier Bernabéu. Llegaban con la misión de “evitar la destrucción” a la que se encaminaba la entidad y garantizar su “correcto funcionamiento” desde entonces.

El mismo magistrado, que por cierto no ve el fin del proceso porque pidió una baja y ha dejado los bártulos del juzgado a Luis Rabasa, decidía el pasado 17 de julio que esa labor debía acabar hoy, 10 de septiembre, con el argumento del descenso en la actividad de los administradores, una vez acabada la situación poco menos que de emergencia vivida con su llegada. Ese auto insistía en “depurar” responsabilidades penales a los gestores que tuvo la SAD, pero con la tranquilidad bajo su criterio de que podrían “seguir llevando a cabo la despatrimonialización del CCF SAD”.

En medio, en estos 10 meses, se vivieron momentos que pueden ser -o no, porque ya es arriesgado hacer cualquier pronóstico- determinantes para la historia de la entidad. Sobre todo, y tras encontrar un agujero económico entre los 10 y 11,5 millones de euros en la entidad, el citado proceso de venta de la unidad productiva, tras aceptar una oferta de Infinity con 3 millones de euros depositados en el juzgado que permitieron hacer los pagos que faltaban del concurso de acreedores de 2012, abonar las deudas a empleados deportivos y no deportivos del club, cuando los jugadores estaban en trámite de pedir la carta de libertad, y mantener al menos por unos meses más latiendo el corazón cordobesista. En realidad, ése puede ser el resumen más aséptico, porque el proceso en sí, que incluyó la apertura de un segundo concurso de acreedores para la SAD, sigue bajo análisis judicial sobre su plena legalidad y las consecuencias que pudieran derivase, al no haberse ratificado los autos que avalaron el proceso.

La recusación del juez Fuentes Bujalance, a petición de la abogada Magdalena Entrenas y aceptada por falta de objetividad formal en las resoluciones, la paralización de la justicia como el resto de actividades por la pandemia del coronavirus y la tardanza del Consejo General del Poder Judicial en aceptar la comisión de servicios propuesta por el Tribunal Superior de Justicia a favor de Fernando Caballero para suplir al primero han llevado a que a día de hoy no se sepa si todo lo que ha pasado mientras será o no validado. Diversos acreedores y la propia RFEF se opusieron al proceso mediante recurso, pero siguen por resolverse.

El análisis de la gestión y las cuentas 2018-19

En estos meses, además, la administración judicial realizó otras labores, supervisadas por Instrucción 5 mediantes los informes de rendición de cuentas mensuales -salvo por el COVID19- y entre los que destacó uno extensísimo con un análisis de lo padecido por la SAD desde junio de 2011 a noviembre de 2019, con posibles irregularidades en la gestión primero de Carlos González (Ecco Documática-Azaveco) y luego de Jesús León (Aglomerados Córdoba). Al respecto fue curiosa la despedida de esta faceta de uno de los administradores judiciales, Francisco Estepa, que sigue como concursa, pero su tweet fue más que significativo:

Igualmente, los administradores sacaron a la luz las cuentas del Córdoba CF de la temporada 2018-19, sin elaborar en su día y saldadas con unas pérdidas de 1,8 millones, con celebración incluida de una Junta General de Accionistas el pasado 26 de agosto en la que por primera vez fueron rechazadas con los votos en contra de Azaveco, presente como poseedor de los derechos políticos de las acciones de la SAD, y Minoritarios.

Pero la realidad es que los administradores se van sin que se haya resuelto aquella duda latente que quedó desde que Unión Futbolística Cordobesa inició su gestión del club en diciembre: si el Córdoba seguiría inscrito y compitiendo en la Segunda B, tras la llamada fase transitoria previa a la polémica transmisión de derechos federativos. Ahora mismo sigue siendo a ojos de la RFEF un caso pendiente de resolución.

Estepa sigue como administrador concursal

La etapa de administración judicial acaba, pero no así la concursal, aunque este segundo concurso también dependa de lo que decida Fernando Caballero, a los mandos en el Mercantil aunque pendiente de dos peticiones de recusación. El administrador concursal es igualmente Francisco Estepa, que hace unos días daba a conocer el amplísimo listado de acreedores de la SAD, en una cifra mínima de 11,5 millones pero seguramente mucho más amplia con casos como el del Grupo Tremón y la Ciudad Deportiva.

Que Estepa va a seguir en el primer plano ha quedado claro en estos días, cuando pidió auxilio judicial al Juzgado de lo Mercantil para que éste requiriera a la RFEF que se cumpla el auto del juez Fuentes Bujalance y permita a Unión Futbolística Cordobesa competir en el curso 2020-21, además de solicitar información sobre presuntos delitos de Azaveco por intentar pedir la inscripción por su vía. Y es que esa lucha de poder está ahí: la mercantil logró nombrar un consejo de administración e inscribirlo en el Registro, con la fuerza de que el paquete accionarial vendido a Aglomerados estaba pignorado a su nombre, algo avalado por el mismo Estepa al concederle el acceso a la Junta General de accionistas, pero el abogado defiende que la única representación y el control sobre la SAD sería el suyo como administrador concursal.

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