La Audiencia Provincial confirma la administración judicial del Córdoba CF SAD

El organismo rechaza, sin tener que acudir siquiera a su condición actual de investigado por varios delitos, el recurso de Joaquín Zulategui, a quien censura que "venga en defensa de intereses ajenos", en referencia a los de Azaveco y Carlos González | El otro recurrente era un supuesto accionista, Sebastián Almenara, que tenía títulos de 2001, sin validez desde la operación acordeón de 2006

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictaminado hoy la plena legitimidad de la administración judicial del Córdoba CF SAD, decretada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba el pasado 9 de noviembre. Lo ha hecho al desestimar los recursos de apelación planteados por Joaquín Zulategui y un supuesto accionista del Córdoba CF SAD, Sebastián Almenara, a la desestimación realizada ya en enero de un auto de reforma contra esa decisión, origen de la venta de la unidad productiva blanquiverde a Infinity y la entrada de la SAD en concurso de acreedores.

Zulategui había pedido que se declarara nula la administración judicial del Córdoba, algo que el auto, por cierto con fecha del 11 de marzo y al que ha tenido acceso Cordobadeporte, descarta. Y lo hace, según su ponente, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, sin tener que acudir al que podría ser el mayor argumento de peso, esgrimido por el fiscal: Zulategui ya no pintaría nada en el proceso porque debe perder su condición de acusación particular, al haberse solicitado su imputación por la comisión de un delito de apropiación indebida y/o administración desleal, sobre la base de un informe emitido por la Administración Judicial y con el añadido de que el Juez Instructor ha ordenado a la Policía Judicial que le investigue y le tome declaración como investigado.

La Audiencia desmonta la tesis de Zulategui, que basaba su recurso en que no se convocó a todo el Consejo de Administración para informarle de la administración judicial, porque desde el año 2018 Jesús León tenía las facultades de consejero delegado, con las que podía representar al Córdoba en todos los procedimientos con los poderes otorgados por el Consejo. Pero es que además se recuerda que León había sido detenido dos días antes y “era preciso articular los medios necesarios para impedir que el mismo pudiera continuar realizando actos en perjuicio de la sociedad, pues él era de facto todo el Consejo de Administración, asumiendo, por tanto, su representación”.

Además de entender por tanto que era “cuanto menos innecesaria” la presencia de los otros consejeros, el juzgador tampoco admite otro peregrino argumento de Zulategui, que las acciones del Córdoba estuviesen pignoradas a nombre de Azaveco. La frase textual del auto es esclarecedora: “Nuevamente vuelve a ser llamativo que un tercero venga en defensa de intereses ajenos, lo que hace que el apelante carezca al respecto de cualquier tipo de legitimación activa para actuar en defensa de la citada mercantil, que, por otro lado, no consta que se halla (sic) personado en los autos”.

Y también carece de cualquier legitimación activa para recurrir el accionista Sebastián Almenara, en lo que podemos considerar una muestra más del sainete en el que está convertido el Córdoba y al que deben aplicar algo de cordura estas resoluciones judicial. Esta persona presentó un título acreditativo de accionista en un documento fechado el 25 de enero de 2001, cuando es bien conocido que mediante acuerdo de Junta General del 27 de diciembre de 2006 se produjo en el Córdoba una reducción del capital a cero con una posterior ampliación. “Su condición de accionista, y por tanto perjudicado, queda sin virtualidad desde que los títulos anteriores a 27 de diciembre de 2006 quedaron amortizados y sin eficacia ni valor ninguno, al ampliarse posteriormente el capital y emitirse títulos nuevos”, por lo que Almenara “no sólo no puede intervenir como acusador particular, sino que su presencia en el procedimiento resulta incorrecta en la medida en que no reúne la condición de perjudicado por los delitos objeto de investigación”.

Por todo ello se procede a desestimar ambos recursos, con declaración de oficio de las costas, recordando que contra la resolución ya no cabe recurso ordinario alguno.

Etiquetas

administración judicial | Antonio Rodríguez Moyano | Audiencia Provincial | CCF | Córdoba CF | Córdoba CF SAD | CórdobaCF | Jesús León | Joaquín Zulategui |

Deja una respuesta