Desechada la nulidad del auto inicial de la unidad productiva del Córdoba CF SAD

El juez Caballero desestima los argumentos presentados por diversos acreedores como Sanivo Abogados, García Amado Consulting, Azaveco o Aceites García de la Cruz, en torno a cuestiones como la transparencia del proceso que abrió Fuentes Bujalance, los administradores judiciales o el pasivo del nuevo concurso

El juez Fernando Caballero sigue dictando autos y cerrando frentes abiertos en torno al Córdoba CF en el Juzgado de lo Mercantil número 1, del que es responsable en comisión de servicios hasta diciembre tras la recusación de Antonio Fuentes Bujalance. Según informa ABC Córdoba, ahora, con el auto 168/20 de 30 septiembre, ha desestimado la petición de nulidad de la resolución de Fuentes del 18 de noviembre con el que se abrió el proceso de venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD, y no cabe recurso alguno contra su resolución.

Además de varios accionistas de la SAD a título particular, los recursos en defensa de sus derechos vinieron de Sanivo Abogados, bufete de la exconsejera Magdalena Entrenas y responsable del área jurídica del club con Jesús León; García Amado Consulting, empresa del que fuera director general del club, Alfredo García Amado, Azaveco, empresa de Carlos González, y Aceites García de la Cruz, que reclama un préstamo a Jesús León en el que el montoreño puso como garantía las acciones del Córdoba.

Caballero descarta escalonadamente los motivos por los que podría ser nula la resolución, empezando porque no se diera traslado a las partes que debían ser oídas para que el juez pudiera dar la autorización al inicio del proceso de venta. El juez esgrime, según el auto que apunta ABC, que había razones de urgencia que justificaron que se establecieran “limitaciones de plazo y publicidad”, aunque no hubo una indefensión real y efectiva porque de hecho “todas las partes que han querido realizar alegaciones al auto lo hicieron” a través de sus recursos.

Un segundo argumento era que en ese momento el nombramiento de los administradores judiciales, Javier Bernabéu y Francisco Estepa, estaba recurrido en el Instrucción 5. Pero la realidad es que “la administración concursal estaba legitimada para solicitar la transmisión de la UP al amparo del auto que declaró el concurso”.

Otro caballo de batalla que fue noticia en el día de ayer, y que también fue rebatido, estaba en torno a que el nombramiento de Estepa como administrador concursal era incompatible con ser administrador judicial. En este auto Caballero se remite a esa pieza separada de separación del administración concursal, que dictó unos días después de este auto, en concreto el día 5, y del que ya informamos, como decimos, el este jueves.

Que la oferta no fuera por todo el pasivo no es motivo per se

Sí podría parecer un argumento de más peso como motivo de nulidad que el importe de la oferta que hizo Infinity Capital por la unidad productiva no llegaba a cubrir el pasivo del concurso de acreedores, pero para Caballero “no constituye per se un motivo de nulidad”. Sí indica que pudiera ser “objeto de valoración en los recursos de reposición contra el auto de 26 de noviembre”, pero no contra este auto de este 18 de noviembre que lo que hace es “abrir el proceso de transmisión”. Además el magistrado recuerda que “en la transmisión de la UP tan sólo ha existido esta oferta”, la de Infinity a través de la Unión Futbolística Cordobesa.

Además, hubo otros dos argumentos más en estos escritos. Uno era la falta de transparencia y publicidad del proceso, a lo que Caballero replica con los motivos de urgencia de la situación, aunque expone que se publicó en el tablón de anuncios y se permitió cualquier otra publicación, además de una razón lógica: “Las especiales circunstancias mediáticas del presente concurso, al tratarse de una entidad deportiva con una importante repercusión social“. Ahí insiste en que “ni antes ni después se han presentado más ofertas”.

Un último bastión que se quería esgrimir era la infracción de las normas del procedimiento, algo que apuntó Aceites García de la Cruz, pero según Caballero “las cuestiones planteadas no suponen ninguna infracción a las normas del procedimiento que determinan una situación de indefensión”, recordando que ya se plantearon y respondieron en un recurso de reposición anterior.

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