El juego de la titularidad de las acciones del Córdoba y el juicio del 13 de diciembre

La demanda de Carlos González conocida hace dos semanas en el Juzgado 102 de Madrid solicitando la intervención judicial ya no tendrá trascendencia, más allá de su lucha por recuperar el club al que no accederá al menos en el próximo semestre

Carlos González en su aparición en el Vista Alegre en el estreno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en septiembre

Carlos González en su aparición en el Vista Alegre en el estreno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en septiembre

A la espera de conocer este lunes la identidad del interventor del Córdoba CF, figura que supervisará la gestión encomendada desde ayer a los administradores judiciales, Francisco Estepa y Francisco Javier Bernabeú, el debate entre el cordobesismo en torno al futuro del club es conocer la titularidad del paquete mayoritario (98.7 %) de las acciones de la entidad blanquiverde.

Según los datos del Registro Mercantil, éstas pertenecen a Aglomerados Córdoba, o lo que es lo mismo, a Jesús León. Ésa es una realidad legal, con independencia de que los cinco millones pagados a Carlos González a través de Azaveco los obtuviera con distintos préstamos de terceras personas o entidades, y pese a que incluso a que no haya devuelto a esos prestamistas (empresas de Luis Oliver y Alfredo García Amado, entre ellos) los conocidos importes de dos y medio millón de euros, respectivamente. Una circunstancia ésta que supone un problema de León con éstos, pero no quita que el montante abonado a Azaveco llegase desde Aglomerados.

Incluso la titularidad de las acciones no se pierde pese a incumplir el pago del último plazo a González, el de los 4,5 millones que no se hicieron efectivos el pasado 31 de julio. Será ésta una cuestión que tendrá que dictaminar un juez. Exactamente igual que el titular del Juzgado Número 5, Antonio Moyano, cuando el pasado viernes dictó la administración judicial del club.

Precisamente ésa era la petición de la demanda tramitada por González contra León, cuando hace un par de semanas se conoció que el juzgado 102 de Madrid sería el lugar donde se celebraría una vista oral el próximo 13 de diciembre. Lo curioso del caso es que esa vista pierde ahora el sentido, una vez que la SAD blanquiverde ya está oficialmente administrada judicialmente y por una vía penal, que tiene prevalencia sobre las disputas civiles.

Otra cuestión diferente para González será la lucha por recuperar el accionariado del club, un paquete que ya hubiera estado en su poder desde el día del impago al principio del verano si la escritura de compra-venta lo hubiese estipulado así. Sin embargo no existe ninguna cláusula que de esa forma tan clara se indique, porque sólo se conoce el tema de la pignoración de las acciones blanquiverdes en favor de Azaveco, un concepto distinto al de recuperar la titularidad de las mismas. De esto hay poca duda porque hasta Magdalena Entrenas confirmó en agosto que la cláusula resolutoria del contrato no quedó incluida en los cambios que se aplicaron en el Registro Mercantil para dar oficialidad a esa pignoración también en los estatutos del club aprobados en una Junta General Extraordinaria de Accionistas en abril de 2018.

De manera que todo dependerá de lo que decida la justicia, y de entrada el Córdoba CF estará al menos seis meses bajo la administración judicial, porque es lo natural en este tipo de procesos, por lo que en ese periodo de tiempo González no podrá acceder a la gestión del club, como Oliver o el propio León. Durante este próximo semestre seguirá la batalla legal en los tribunales, incluida las consecuencias que puede tener el conocido cobro del millón de euros en favor de Grucal por la fallida Ciudad Deportiva del Parque del Canal.

La pancarta de Grucal y la Fundación blanquiverde que se ubicaron en el Parque del Canal en 2015

La pancarta de Grucal y la Fundación blanquiverde que se ubicaron en el Parque del Canal en 2015

A la postre, y según avanzó la representación de Jesús León, se encontró el documento que lo legitima durante el registro de la Guardia Civil a las oficinas de la Fundación, el club y el domicilio de León, por lo que tras la prueba pericial sobre su originalidad o copia, el juez Moyano deliberará, valorando incluso la declaración de González sin admitir su existencia, que podría pasar a ser perjurio en caso de constatarse. Aquel contrato con Grucal lo firmó el tinerfeño como presidente de la entidad en el curso 2014-15 y siempre existió.

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