El limbo concursal en el que se encuentra el Córdoba CF

La SAD blanquiverde se declaró en noviembre en un segundo concurso de acreedores porque iba a cerrar el primero con la oferta inicial de Infinity, pero esa situación no está resuelta ya que falta el auto de conclusión, sobre el que Fuentes tuvo que abstenerse por su recusación

Una imagen de 2017 de una conferencia en la que están, a la derecha, Antonio Fuentes, el juez de lo mercantil recusado en febrero, y a la izquierda, el que espera ser ratificado como su sustituto, Fernando Caballero.

Una imagen de 2017 de una conferencia en la que están, a la derecha, Antonio Fuentes, el juez de lo mercantil recusado en febrero, y a la izquierda, el que espera ser ratificado como su sustituto, Fernando Caballero.

Una de las cuestiones que se esperaba que resolvieran las cuentas oficiales del Córdoba, formuladas a mitad de este mes y hechas públicas este lunes, tocaba la situación concursal real en la que se encuentra la SAD blanquiverde. Si recuerdan, el proceso de supervivencia cordobesista elegido por los administradores judiciales pasó por aceptar la oferta de 3 millones de euros consignada en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba por parte del fondo Infinity para, entre otras cosas, cerrar completamente los pagos del Concurso de Acreedores de la entidad de la temporada 2011-2012 y poder abrir el proceso de venta de la unidad productiva a la Unión Futbolística Cordobesa, con entrada de la antigua SAD en un segundo concurso. Pero la recusación al juez Antonio Fuentes, el que autorizó ese proceso con sus autos, dejó en stand-by todo aquello.

En efecto, en la documentación económica proporcionada esta semana por el Córdoba CF aparece una nota, la número 17 en concreto, en la que se detalla, por considerarse “otra información relevante”, la situación concursal de la SAD. En ella se hace una primera acotación importante, en torno al administrador concursal designado al efecto, el abogado Francisco Estepa, el cual “conforme al auto de declaración de concurso y desde su dictado sustituye al deudor (el Córdoba CF) en todas sus facultades, ostentando la gestión, control y representación de la sociedad a todos los efectos“.

Por lo tanto, de nada serviría en este momento la existencia, ya incluso incluida en el Registro Mercantil, del Consejo de Administración nombrado en enero en el Hotel Córdoba Center, con Carlos González como presidente, al menos mientras se mantenga una administración concursal. Porque siempre hay que recordar que los autos que autorizan todo el proceso, de 18 y 26 de noviembre son “no firmes, a día de la fecha”, como se indica.

Pero volviendo al centro de la cuestión, intentar conocer la situación concursal exacta, se explica que el primer concurso de acreedores, con la numeración 170/2011, “se encuentra actualmente en trámite de conclusión una vez llevados a cabo los pagos pendientes a aquellos acreedores que, conforme a lo previsto en la propia propuesta de Convenio aprobada, habían cumplido su obligación de aportación de datos bancarios”.

Sin embargo, esa tramitación de la conclusión del concurso “se encuentra suspendida mediante Diligencia de Ordenación de 9 de marzo de 2020 y ello por cuanto el magistrado juez titular formuló recientemente su abstención para conocer del asunto elevando los autos a la Audiencia Provincial de Córdoba a los efectos procedentes”. Y se añade que “habiéndose admitido la indicada abstención y estándose pendiente de la designación de un juez-magistrado sustituto“, algo que, como saben, no se produjo tampoco esta semana y ya no pasará como pronto hasta el 19 de agosto, en la próxima reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Sí pero no

O sea, que el Córdoba se encuentra así en una especie de limbo concursal, algo que hasta se parece admitir en la propia documentación, porque se amplían las explicaciones. Se subraya, y lo de subraya es literal, que “así, a día de la fecha, el Convenio de acreedores aprobado mediante Sentencia nº 172/2012 de 5 de junio en el concurso voluntario 170/2011 se encontraría íntegramente cumplido por haberse consignado y abonado la totalidad de los créditos afectados por el mismo, amén de aquellos otros que fueron objeto de convenio singulares como los de la AEAT (Hacienda) y la TGSS (Seguridad Social) que ya se encontraban satisfechos”. Pero, inmediatamente, se matiza que “no obstante, en tanto no se resuelva sobre el nombramiento del nuevo magistrado juez y alce la suspensión acordada no podrá dictarse, en su caso, el auto que concluya el concurso de acreedores por cumplimiento del Convenio aprobado”.

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