En causa de disolución pero a la vez sin “riesgo de continuidad de la actividad”

Pese a la caótica situación en la que quedó y sigue el Córdoba CF SAD, de nuevo con pérdidas y su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social (1,8 millones), las cuentas oficiales están formuladas como "empresa en funcionamiento", lejos de la liquidación de la que se llegó a hablar, lo que puede ser importante para el futuro inmediato

Javier Bernabéu y Francisco Estepa la segunda línea del palco de El Arcángel, con Rafael Campanero, José María Bellido y Pablo Lozano en la primera

Javier Bernabéu y Francisco Estepa la segunda línea del palco de El Arcángel, con Rafael Campanero, José María Bellido y Pablo Lozano en la primera

Tras un par de días de impasse por otros importantes temas de actualidad, cordobesista, futbolística o polideportiva, seguimos en este fin de semana con aspectos significativos en relación a las últimas cuentas oficiales en torno al Córdoba CF SAD, las de la temporada 2018-2019, que se esperaban desde diciembre de 2019 y que salieron a la luz pública esta semana tras finalizarse el pasado 14 de julio.

Hoy nos detenemos en una situación importante, sobre todo ante la confusión creada en los primeros momentos de la vía iniciada por los administradores judiciales hace unos meses, en los que se llegó a decir, y hasta la Federación Española lo incluyó en su recurso, que se estaba procediendo a la liquidación, más o menos encubierta, del Córdoba CF SAD, en el proceso de desgajar la unidad productiva y adquirirla la Unión Futbolística Cordobesa con el dinero de Infinity Capital.

La realidad es que tal y como se indica en la memoria del ejercicio, en concreto en su apartado 2.3, llamado “Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes en la aplicación de políticas contables”, los administradores de la sociedad han formulado las cuentas anuales “bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en cuenta la situación actual del COVID-19 así como sus probables efectos en la economía en general y la sociedad en particular”. Es decir, que no se ha iniciado un proceso de liquidación de la entidad por el que se pueda castigar al Córdoba CF SAD por las situaciones previstas en el Reglamento de la RFEF, como se llegó a esgrimir en su día.

Pero es que, yendo más allá, se indica en el texto que “los administradores consideran que no existe riesgo de continuidad de la actividad”, por lo que insiste en que se formulan las cuentas “en base al principio de empresa en funcionamiento”. Ello pese a que la sociedad está, por ahora, puesto que hay que recordar que los autos de noviembre de 2019 del juez Antonio Fuentes no son firmes, en un segundo concurso voluntario de acreedores, pese a que falte el auto de conclusión del primero al haber sido recusado el magistrado y no haberse nombrado sustituto.

Además, es conveniente recordar que, por segundas cuentas consecutivas -las últimas aprobadas databan del 28 de enero de 2018-, se especifica que a fecha de 30 de junio de 2019 la sociedad se mantenía en causa de disolución, pese a aquel confuso anuncio realizado por Jesús León en mayo de ese año y del que informamos aquí, y que se ha revelado como una patraña más. La causa de disolución se produce cuando, según establece el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, que en el caso del Córdoba es 1.883.730 euros).

Pérdidas en las últimas temporadas

Hay que recordar que el Córdoba perdió 4,09 millones, tras un leve reajuste en estas cuentas, en la temporada de su agónica salvación, la 2017-18, y 1.814.000 euros en la del descenso, la 2018-19. Por eso está en causa de disolución, aunque ésta es una situación mercantil, no de desaparición deportiva. De hecho, puede solucionarse normalmente en función del plan de negocio que los propietarios adopten, siempre que haya un compromiso económico firme con la sociedad.

Pero en el caso del Córdoba, la detención de Jesús León y la llegada de la administración judicial llevó al peliagudo camino de la venta de la unidad productiva a una segunda SAD, ante la situación de iliquidez que tenía el Córdoba en ese momento (noviembre-diciembre de 2019) y “la imposibilidad manifiesta de atender pagos corrientes para la continuidad de la actividad, incluyendo deudas con las administraciones públicas, trabajadores, personal deportivo y proveedores y acreedores estratégicos”, como se indica en este apartado de la cuentas. La realidad es que al menos el club terminó la temporada, aunque abruptamente por los motivos conocidos, y quiere emprender la siguiente.

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