La propia reglamentación de la RFEF, base de la validez legal del ‘caso Córdoba’

Caballero también cita la Ley Concursal y precedentes como el del Lleida y el Orihuela ante los argumentos federativos, defendiendo que la competición no se perjudica porque "se transmiten todos los elementos que constituyen la unidad que participa en la competición de Segunda División B, incluyendo la subrogación de todos los trabajadores" y no hay una "mera transmisión aislada de la licencia que permitiría un ‘mercadeo’ de tales derechos"

Javier González Calvo posando junto a la escarapela de la Real Federación Española de Fútbol.

Javier González Calvo posando junto a la escarapela de la Real Federación Española de Fútbol.

De los recursos que había presentados contra la venta de la unidad productiva, uno de los más relevantes era el de la Federación Española de Fútbol, ya que los otros eran acreedores o partes con otro interés en el proceso. Pero la RFEF es el organismo que tenía que acatar la legalidad de inscribir al Córdoba CF, y por eso era clave ver qué decía el juez Fernando Caballero sobre los argumentos esgrimidos y cuáles usaba él para rechazarlo, como ha pasado finalmente, o no.

Caballero, que en su auto, adelantado por Diario Córdoba pero al que ha tenido acceso también este periódico, recuerda casos que han estado sobre la mesa estos meses, como el del Lleida Esportiu o el Orihuela, emplea el aval jurídico de la Ley Concursal, como se podía esperar, pero, curiosamente, del propio Reglamento y Normativas de la RFEF. Algo que ya había puesto sobre la mesa el juez anterior, Antonio Fuentes Bujalance.

El magistrado pone el acento inicialmente en tener presente que “desde el momento en que las entidades deportivas adoptan la forma de sociedad anónima deportiva se está utilizando una estructura jurídica que favorece la transmisibilidad de los elementos que lo integran”. O sea, de la famosa Ley de Sociedades Anónimas del año 1992 cambió el fútbol para siempre, teóricamente para mayor garantía pero también para que aparecieran posibles nuevos procesos.

A juicio de Caballero el artículo 102.1 de la RFEF “no establece una intransmisible absoluta”, sino que lo que quiere impedir es tomar medidas que permitan usar una licencia para participar en competiciones “a través de modificaciones de los elementos esenciales o cambios en la propia estructura jurídica de una sociedad, siempre y cuando suponga un detrimento a la integridad deportiva de la competición”. O sea que según el juez “cabe admitir la posibilidad de la transmisibilidad siempre que no se produzca ese detrimento a la integridad deportiva de la competición”.

Para el magistrado “no se aprecia este detrimento en cuanto que se transmiten todos los elementos que constituyen la unidad que participa en la competición de Segunda División B incluyendo la subrogación de todos los trabajadores”. “No se trata de la mera transmisión aislada de la licencia que permitiría un ‘mercadeo’ de tales derechos”, defiende Caballero.

La fusión de clubes

Otro artículo al que acude el juzgador es el 104.1.III, párrafo segundo, del Reglamento de la RFEF, donde según su opinión “se establecen unas exigencias para que se produzca la sucesión, que se vienen a cumplir sustancialmente en el caso que nos ocupa a través de la transmisión de la unidad productiva salvo si acaso en relación a la referencia a los directivos del nuevo club, dato del que este juzgador no tiene constancia”. Pero más peso en realidad tiene el artículo 107, que “contempla la posibilidad de la adquisición del derecho de competición en el caso que se produzca la fusión de dos clubes deportivos o la absorción de uno de ellos por el otro”, donde además, en otro apartado “contempla que, en cuanto su situación competicional, quedará adscrito a la categoría del que tuviese superior”. Por lo tanto, entiende Caballero, tanto el artículo 104 coo el 107 del propio Reglamento de la RFEF “ponen de manifiesto que, como ya habíamos apuntado, la intransmisibilidad de los derechos de participación en la competición deportiva no es absoluta”.

Y como decimos también se alude al artículo 222 del Texto Refundido de la Ley Concursal, que contempla “para el supuesto de transmisión de la unidad de productiva, que la adquirente quedará subrogada en los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial sin necesidad de consentimiento de la otra parte”. “De igual manera se produce esta subrogación en las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la continuidad de la actividad empresarial que forman parte de la unidad productiva. Este régimen resulta plenamente aplicable al supuesto que nos ocupa en cuanto a la transmisibilidad de los derechos de participar en las competiciones deportivas”, según entiende el magistrado.

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