La RFEF sigue en contra de la transmisión de derechos federativos del Córdoba, aunque sin tratar la inscripción

El organismo se opone al proceso de venta de la unidad productiva en respuesta a un requerimiento de Instrucción 5, pero aclara: "Sobre si esta RFEF denegó la inscripción a la nueva SAD en sus competiciones, les informamos de que toda vez que no se recibió solicitud alguna, no se adoptó ninguna decisión sobre el particular"

La Federación Española de Fútbol ha trasladado por escrito y a petición del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, el que decretó la administración judicial del Córdoba CF, su rechazo a una transmisión de los derechos federativos desde la SAD blanquiverde a Unión Futbolística Cordobesa, creada por Infinity Capital el pasado mes de noviembre, según ha informado La Jugada de Córdoba este lunes. Aunque no se pronuncia sobre el gran asunto pendiente, la inscripción de la próxima temporada.

La pasada semana trascendió por parte del diario ABC Córdoba que, por una petición de Minoritarios CCF, el juez Antonio Rodríguez Moyano había solicitado a los administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, diversa documentación e información clara sobre la postura de la RFEF ante el proceso de venta de la unidad productiva, sellado el pasado 5 de diciembre. Un día en el que Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, habló de un periodo “transitorio” hasta final de temporada, el momento para dirimir todas las cuestiones legales referentes a los derechos de participación en la competición.

Al final, se hizo una petición a la Federación Española, que ha contestado por escrito en lo que es el primer pronunciamiento así sobre el particular, y que ha sido acogido con cautela pero con relativa tranquilidad por parte del nuevo equipo directivo del club. Tras comprobar la comunicación por definir su estrategia, la postura que mantiene es la habitual: Infinity entiende que no hay nada nuevo en la postura federativa.

“Sobre si esta RFEF ha denegado la inscripción a la nueva SAD en sus competiciones, les informamos de que toda vez que no se ha recibido solicitud alguna, no se ha adoptado ninguna decisión sobre el particular”

Así, en el escrito, de seis páginas, las primeras se dedican a recordar artículos de su normativa y de la FIFA, para defender que no está de acuerdo con el proceso, pero en tema clave, “sobre la inscripción de la nueva SAD”, lo que apunta textualmente es: “Por último, en relación a la información aparecida en la noticia sobre si esta RFEF ha denegado la inscripción a la nueva SAD en sus competiciones, les informamos de que toda vez que no se ha recibido solicitud alguna, no se ha adoptado ninguna decisión sobre el particular. En caso de que se reciba la misma, como no puede ser de otra forma, será objeto de análisis y posterior resolución conforme a derecho“.

Su otro sentir es que la ley está de su lado por los precedentes, aunque para ello necesitará una decisión judicial en firme que les permita seguir compitiendo donde milite el Córdoba CF a final de temporada, en Segunda B o en Segunda en caso de ascenso. Lo que debe apuntarse en este sentido es que eso, de llegar, tardará al menos algunas semanas, puesto que ahora mismo debe resolverse el proceso de recusación del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1, Antonio Fuentes, que firmó los autos de aprobación a la venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD y la adjudicación a Infinity después, así como la apertura de un nuevo concurso de acreedores.

La exabogada del club, Magdalena Entrenas, abrió un proceso para apartar al juez del caso por parcialidad, a lo que se adhirieron la propia RFEF y Bitton Sport, entre otros. Este proceso hace que ese auto de venta de la UP no sea firme.

Con todo, y si la Federación se mantiene firme en su postura, habrá que ver si Infinity baraja el paso de negociar con la anterior SAD, cuyo paquete accionarial mayoritario está en disputa entre Carlos González y Jesús León, con una causa abierta en Madrid que pasó del 13 de diciembre pasado al 28 de enero. Claro que eso implicaría que el proceso de venta de la unidad productiva fuera reversible, algo que presenta muchas interrogantes.

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