Los prestamistas de León y el bloqueo del nombramiento del juez Caballero

El acreedor que remitió escrito al Consejo General del Poder Judicial para impedir su nombramiento como sustituto de Fuentes debe cobrar en torno a 1,5 millones de euros prestados al montoreño y avalados por éste con el Córdoba CF SAD, por lo que las operaciones de diciembre dañan su derecho de cobro

Hace unas semanas se conoció que un acreedor del Córdoba CF SAD había remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial para tratar de impedir el nombramiento del juez Fernando Caballero en sustitución del recusado Antonio Fuentes Bujalance. En él aparecían, si recuerdan, las famosas fotos de los pases de favor emitidos por la entidad en 2016, y cuya petición, recogida o uso negaba la administración judicial blanquiverde días atrás.

No se sabe si el hecho de que el CGPJ no haya tratado aún, cuando van camino de los dos meses, el que parecería un trámite burocrático, ratificar la propuesta del TSJA, está puramente relacionado con el atasco judicial a todos los niveles tras la pandemia o si responde a alguna comprobación interna del organismo en torno al nombramiento y quizá valoración de ese escrito. Pero hoy el diario digital Cordópolis desvela detalles de por qué ese acreedor lo es del Córdoba CF SAD y por qué está defendiendo sus intereses.

Según la información, que firma el periodista Rafa Ávalos, este acreedor, cuyo nombre sigue en el anonimato, prestó en el verano de 2018 -el de la tormentosa salida de Oliver del club y el estallido de los problemas con el límite salarial- un millón de euros al expresidente del Córdoba Jesús León, que situó como aval al propio Córdoba CF -se deduce que el paquete mayoritario de acciones, aún en disputa judicial con Azaveco y Carlos González-.

León, como hizo otras ocasiones, nunca devolvió ese millón de euros, aunque el contrato original se volvió a escriturar con reconocimiento de una deuda que creció con intereses e incumplimientos en otros 275.000 euros antes de que un juzgado de instrucción dictara auto de ejecución en septiembre de 2019, añadiendo además otros 200.000 euros más en nuevos intereses.

Esta deuda en torno a los 1,5 millones de euros está detrás de los movimientos de este acreedor, que intenta que no pase a formar parte del segundo concurso de acreedores, una vez cerrado el primero, que el juez Fuentes Bujalance autorizó en noviembre de 2019 con uno de sus autos. La venta de la unidad productiva, que deja hueca de contenido la SAD anterior blanquiverde, le dejaría sin cobrar en buena parte.

El acreedor, cuya aparición en escena por cierto estuvo detrás de las quejas de Javier González Calvo, que han derivado en la puesta en marcha de la llamada Asociación por una Imagen Limpia del CCF, cree que León y el Córdoba CF SAD deben responder ante la deuda, ya dictada la ejecución, y que es un agravio para su derecho de cobro que se autorice el proceso iniciado en diciembre con Infinity Capital como protagonista.

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