Sanivo Abogados gana su demanda al Córdoba CF SAD

El bufete de la exconsejera Magdalena Entrenas deberá recibir los 51.210 euros que reclamaba, correspondientes al resto de la temporada en la que Jesús León decidió rescindirlo unilateralmente en agosto de 2019

María Ángeles García Aldaria, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Córdoba, ha decidido estimar íntegramente la demanda interpuesta por Sanivo Abogados SLP, bufete de la abogada Magdalena Entrenas, contra el Córdoba CF SAD, en la que reclamaba por incumplimiento contractual la cantidad de 51.210,33 euros. El fallo condena a la mercantil además a abonar los intereses legales de dicha suma líquida desde la fecha de la reclamación judicial (15 de noviembre de 2019), e incrementados en dos puntos desde la fecha de dictado de esta sentencia hasta la de su completo pago, y las costas procesales causadas en esta instancia.

Sanivo Abogados, representada por el procurador Francisco Hidalgo Trapero y defendida por el letrado don Antonio Marín Entrenas, sustituido en el acto del juicio por Francisco Acosta Palomino, sale por tanto vencedora de la cuita judicial frente al Córdoba, representado por la procuradora Mercedes Ruiz Sánchez y defendido por la letrada Inmaculada Carrasco Corona, sustituida en el acto del juicio por el actual administrador concursal y que también lo fue judicial Francisco Estepa.

Magdalena Entrenas, que formó parte del consejo de administración del Córdoba CF SAD desde enero de 2018, tras la compra de Jesús León de la entidad, hasta el 7 de noviembre de 2019, tras la entrada en administración judicial del club y la destitución del consejo, después de la detención del empresario montoreño, prestó desde septiembre de 2018 servicios jurídicos al club con su bufete. Hubo un contrato entre las partes, por valor de 4.000 euros mensuales + IVA, que quedó rescindido unilateralmente por el Córdoba, o por Jesús León, el 13 de agosto de 2019.

La jueza desmonta en su fallo, de 14 páginas y al que ha tenido acceso Cordobadeporte, todos los argumentos presentados por el Córdoba CF, que primero pidió que se esperase a la resolución sobre la denuncia interpuesta el 18 de octubre de 2019 por Jesús León, actuando en nombre del Córdoba CF y de Aglomerados Córdoba, contra Sanivo y Entrenas por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida, revelación de secretos y deslealtad profesional, a la postre sobreseída. Y luego, en el fondo, que se dictase sentencia desestimando íntegramente la demanda por tratarse de un caso de legítima rescisión contractual sin derivarse daños y perjuicios.

Abono de honorarios recogido en el contrato

García Aldaria entiende que no hay motivos que permitan no atender a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios que se convino entre las partes y que decía que “…en caso de resolución injustificada del contrato por parte del Córdoba CF, S.A.D., las partes acuerdan fijar como indemnización los honorarios devengados hasta dicho momento y los restantes para dicha temporada”, es decir, desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 (lo que quedaba de temporada 2019/20).

El Córdoba invocó básicamente el argumento de la fuerza mayor, por la reducción de ingresos por el descenso de categoría y caer a Segunda B, pero para la jueza esto es previsible en el mundo del fútbol, y además, luego se firmó un nuevo contrato con Agaz Abogados y Consultores, de Enrique Rodríguez Zarza. Pero además, el testimonio aquí de Jesús León al respecto “carece de toda virtualidad probatoria en esta litis dada la enemistad manifiesta que el testigo reconoce mantener con la demandante, y en concreto, con su representante doña Magdalena Entrenas Angulo”.

Lo mismo sucede con otros motivos, tales como la mala prestación de los servicios profesionales contratados, que ni siquiera esgrimió León en el juicio, y cuando éstos no van por resultados (ganar las demandas), sino por medios, y la realización de conductas contrarias a la lex artis ad hoc, como irregularidades en el celebración del contrato, la apropiación del libro de accionistas o el incumplimiento del deber de confidencialidad.

Cabe recurso en la Audiencia Provincial

Por todo ello, se estima la pretención de la demandante, en una sentencia contra la que cabe recurso de apelación, que deberá interponerse dentro de los veinte días siguientes a su notificación, en la Audiencia Provincial de Córdoba.

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