Terrassa, Orihuela y Salamanca: repaso a los precedentes contra la RFEF que esgrime Infinity

El caso del cuadro catalán, donde se heredó con nuevo club la plaza en Segunda B a precio de saldo, obligó a un endurecimiento de la normativa que afectó a lo vivido luego en la ciudad charra | Y ahí quedó como jurisprudencia que un juez de lo mercantil sí puede adjudicar los derechos federativos

Javier González Calvo y Adrián Fernández en el Center. Autor: Manuel D. Vera

Javier González Calvo y Adrián Fernández en el Center. Autor: Manuel D. Vera

Además de esa grandilocuente frase de que “no hay artículo del reglamento federativo ni de la Ley del Deporte que nos impida hacerlo”, en referencia a la compra de la unidad productiva del Córdoba CF, los responsables de Infinity apelaron el lunes a tres casos como esperanzas de jurisprudencia en que los argumentos de la Federación Española pincharon en hueso. Tres situaciones en que la RFEF perdió la razón que creía tener. Los tres nombres sobre la mesa son Terrasa, Orihuela y Salamanca. Aunque en realidad son diferentes entre sí y también del que ahora está sobre el tapete.

El primero de ellos fue el vivido en relación al Terrasa FC SAD, que ocurrió en 2009. Con una deuda de unos 3 millones de euros y 350.000 con los jugadores, el club fue a Concurso de Acreedores, pero al estar en Segunda B y dada la inviabilidad del proyecto, el Juzgado Mercantil decretó la liquidación y el fin de 93 años de historia. Entonces se puso en subasta la unidad productiva y la plaza en Segunda División B, a la optaron tres candidaturas, ganando la misma la de Terrassa FC Sports SL liderada por el mismo presidente que estaba, Kiko Sánchez.

Esta decisión, decretada el 29 de junio de 2009 y ejecutada por tan sólo seis mil euros y satisfacer la deuda contraída con los jugadores, fue una revolución en el estamento futbolístico y un caso considerado inaudito. El juez José María Ribelles, titular del Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, otorgó un club deportivo a una sociedad limitada, acto contrario a las reglas de la Ley del Deporte, que establece que ningún club con forma jurídica mercantil, sea Sociedad Anónima o Sociedad Limitada, puede participar en una categoría de fútbol profesional.

El Terrassa, aunque con nuevo club, de nombre Terrassa Olímpica 2010, aprovechó un vacío legal y consiguió competir en Segunda B, categoría semi-profesional- pagando solamente los derechos de la plaza y esas deudas con los jugadores, librándose de hacer lo mismo con los acreedores. La RFEF tuvo que acatar la orden judicial y admitió al club egarense en la categoría para la campaña 2009/10, aunque dejó claro que modificaría su reglamentación para evitar que se repitiera.

Casos como éste y el abuso en general de los concursos de acreedores en el fútbol estuvieron detrás de la creación de la Ley 38/2011, de 10 de octubre de 2011, de reforma de la Ley Concursal de 2003, con la nueva disposición adicional segunda BIS a la que hizo referencia la RFEF en su recurso al auto en la vigente Ley Concursal (LC).

El cambio aplicado y el Orihuela

Básicamente lo que se hizo fue precisar que la sujeción a la Ley Concursal no impediría la aplicación de la normativa deportiva que regula la competición, evitando que se pueda inaplicar y dejar sin efecto la misma. Aunque ese matiz nunca se terminó de desarrollar en el plazo fijado para ello, desde entonces queda marcado que el acceso y participación en una competición deportiva de carácter profesional depende de los resultados deportivos, pero también exige cumplir, entre otros, con determinados criterios de tipo económico que garanticen que quien participa en la competición está en condiciones de hacer frente a los compromisos y obligaciones económicas que se exigen para tomar parte en la misma.

Pese a ello, en 2013 se dio el caso del Orihuela, también en Segunda B. El protagonista, con todo, fue, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante con sede en Elche, que ordenó a la RFEF readmitir al club después de castigarle con un descenso administrativo a Tercera, que se había hecho efectivo el 17 de julio, por no depositar un aval de 200.000 euros que se le exigía para inscribirse.

El juez dio la razón al club en el proceso jurídico abierto contra la Federación, al encontrarse la entidad en Concurso de Acreedores. El Orihuela consideraba que el descenso administrativo fue injusto porque la Ley Concursal no le permitía depositar ese aval que le pedían. Con hasta una huelga de hambre de la directiva de por medio, la RFEF tuvo que claudicar y modificar el calendario tras haberse jugado dos jornadas de liga ya por entonces para incluir a los escorpiones.

El nuevo Salamanca que nunca llegó a serlo

Justo ese año también, en 2013, arrancó el tercer precedente citado, el del Salamanca Athletic Club, muy farragoso como para entrar en él en profundidad, pero en el que en realidad la RFEF perdió el caso y los sucesivos recursos, hasta en la Audiencia Nacional. De hecho, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, una de las instancias, quedó claro que el juez del concurso puede autorizar la adjudicación de los derechos federativos, al contrario de lo que defendía la RFEF en su recurso de reposición contra el Córdoba.

El fondo del asunto fue que la transmisión de derechos de la UD Salamanca al nuevo club no se hizo con la fórmula de una SAD, algo que ya estaba atado desde el caso Terrassa. Pero aquí Infinity sí ha realizado ese paso con la famosa Unión Futbolística Cordobesa SAD.

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